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Nacionales

Las manos que abren la puerta al tráfico de haitianos

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Militares, agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas.

El sol colgado del horizonte todavía impregna de calor e ilumina la carretera del Noroeste que conecta a Dajabón con Montecristi cuando el equipo de reporteros divisa a tres motociclistas. Muestran las características de los hombres conocidos en las provincias fronterizas como “poteas” que, en sus vehículos con asientos modificados para llevar mayor número de pasajeros, se desplazan a alta velocidad transportando indocumentados. El equipo de prensa decide seguirlos.

Varios metros antes de llegar al puesto de chequeo El Puente, en Montecristi, una de las provincias dominicanas que colinda con Haití por la región norte, los motociclistas se detienen a un extremo de la carretera y bajan a los “pasajeros”: tres mujeres y varios niños que se resguardan entre la maleza y ramas. En sus rostros se ven unos ojos enormes y mandíbulas apretadas. Están petrificados por el miedo.

Uno de los motoristas se adelanta a conversar con los agentes apostados en el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana, mientras los dos restantes esperan su regreso antes de decidirse a seguir su trayecto. Los militares tienen la misión de salvaguardar la frontera para frenar el tráfico de indocumentados y mercancía ilegal, como ajo, arroz, armas y narcóticos.

Los que se ocultan en el matorral son parte del universo de inmigrantes haitianos que se mueven con sigilo por la región fronteriza dominicana con destino a zonas en donde buscan emplearse en la agricultura, el turismo o la construcción. Muchos procuran reunirse con familiares, cientos de embarazadas llegan cada año a dar a luz en hospitales públicos y mujeres y niños cruzan la línea divisoria, incluso para mendigar en los cruces de los semáforos de las avenidas de grandes ciudades. Los que los apoyan se encargan de abrirles paso, convenciendo, a veces con sobornos, a los agentes encargados de la vigilancia de que permitan su desplazamiento.

La escena de este 3 de julio de 2018 muestra, a la luz del sol, una práctica de tráfico ilícito de migrantes que por años ha sido común en las demarcaciones fronterizas dominicanas, encubierta entre la impunidad y complicidad que envuelve muchos de los casos.

La Justicia dominicana tiene un subregistro de expedientes relativos al tráfico de indocumentados y la mayoría de los que se judicializan terminan con decisiones favorables a los acusados. Mientras los militares, llamados a frenar este ilícito, con frecuencia son parte de la práctica ilegal.

El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, admite el involucramiento del personal militar en el tráfico de indocumentados y de mercancías. “Recuerda –dice– que son personas, no equipos, y que cometen errores, a veces adrede y a veces se les pasa por la rapidez”.

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