Con la salud no se juega

La resistencia al cambio es una constante en los animales gregarios y el ser humano no escapa a ella. Agreguemos los temores o intereses que se dan en torno a una conducta o situación particular y decodificaremos otras negativas, más allá de lo estrictamente evolutivo o, concretamente, el rechazo de ciertos sectores a abordar -con la seriedad y urgencia que lo amerita- la reforma integral a la ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

En efecto, una ley que en 2001 se concibió para responder a las necesidades del pueblo, hoy, 21 años después, ante situaciones que han generado cambios y la realidad de que lo escrito no es tan fácil llevarlo a la práctica, requiere profundos cambios.

No nos engañemos, detrás de todo el conflicto en torno a las ARS subsiste la discusión de quién gestionará y cómo se administrarán los más de RD$82,000 millones que anualmente moviliza el sistema. En torno a esta suma, todas las partes interesadas intentarán sacar provecho, ahora bien ¿es ese el espíritu de la ley? Algunos de los reclamos del Colegio Médico Dominicano (CMD) son válidos, pero, ¿sacrificar la salud de sus millones de afiliados es el método correcto de lucha?, ¿quién gana y quién pierde en esta escalada de suspensiones de servicios médicos, contractualmente acordados?

Estamos frente a un sistema que se resiste a ser reformado en su totalidad y en eso todos los actores son corresponsables, y cada uno actúa en función de intereses diferentes y contrapuestos. Las ARS deberían tener conciencia que les conviene más sumarse y liderar ese reclamo de reforma, que terminar siendo reformados sin haberse involucrado. De igual forma, en un contexto de insatisfacción ciudadana instrumentalizada y desconocimiento generalizado de cómo funciona el sistema, no se puede hablar de mejoras sustantivas sin la ampliación del catálogo, el aumento de la cápita o la entrada al sistema través de Centros de Atención Primaria, por ejemplo.

Los tiempos preelectorales son terreno fértil para el populismo,  y el gobierno tiene ante sí la responsabilidad (y la oportunidad) de liderar ese proceso, convocar de inmediato a todos los actores del sistema, armonizar intereses y buscar el equilibrio necesario para subsanar los pendientes de la ley No. 87-01 y construir un Sistema de Seguridad Social más justo, inclusivo, solidario y, sobre todo, sostenible.