Director de Titulación tomará licencia por Operación Calamar

Luego de que el nombre del director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, apareció en el expediente del Ministerio Público sobre la Operación Calamar, el funcionario aseguró que en su vida pública y privada se ha manejado con transparencia y responsabilidad.

Torres dijo que su nombre aparece en dicho expediente, en calidad de abogado apoderado por la familia del señor Moisés Reyes o Ben, para que su oficina privada llevará una demanda en Justiprecio en contra del Estado en el 2017, caso en el cual su oficina obtuvo sentencia favorable para sus clientes en el Tribunal Superior Administrativo y el Estado procedió en 2020 a pagar a la familia que le habían expropiado los terrenos, y recibió el pago por sus honorarios profesionales.

Dijo que también se menciona sus nombres por la recuperación que realizó la Fiscalía en la Avenida España, sobre un proceso judicial que llevó a cabo su bufete de abogados, en el cual fue apoderado por los demandantes el 21 de junio de 2016 y el 20 de febrero de 2017.

“El mismo fue realizado de acuerdo a los procedimientos legales, por lo que un informe hecho mediante una investigación de la Dirección de Ética Gubernamental, en virtud a una denuncia hecha por la parte demandada, establece que no hubo falta administrativa de parte del Lic. Mérido de Jesús Torres Espinal, en su condición de Director Ejecutivo de Titulación de Terrenos del Estado, puesto que dicha recuperación hecha por la fiscalía fue para devolverle a su legítimo dueño el inmueble”.

Denuncia de Ética

En relación a la denuncia presentada en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, sobre supuesto abuso de poder y prevaricación en la institución, Torres dijo que un grupo de empresarios amigos decidieron apoyarlo económicamente en su condición de precandidato a alcalde del municipio Santo Domingo Este, por lo que le prepararon una actividad de recaudación de fondos en el mes de noviembre del 2022, y algunos colaboradores decidieron participar de manera voluntaria.

“Hemos solicitado una cita a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y a la Procuradora General de la República, magistrada Mirian Germán Brito, a quienes les comunicaré mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados”, dijo.

Denunció que ha sido víctima de una campaña sucia, de difamación e injuria y anunció que procederá legalmente en los tribunales contra quienes “han mancillado mi buen nombre y nuestro honor, difamándome a mí y a mi familia. Estoy confiado en mis actuaciones en mi vida personal, profesional, pública y privada, reitero que presentaré una demanda en daños y perjuicios ante los tribunales del país, ya que puedo demostrar que todas mis actuaciones han sido correctas y con estricto apego a la Ley”.

Aseguró que está solicitando una licencia para irse a su oficina privada de abogados y limpiar su nombre.