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TRIBUNA DEL ATLÁNTICO – Normas claras para los fideicomisos públicos

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 Ante el rui­doso cho­que de sa­zones de opinión que generó el conoci­miento del contrato de fideicomiso de la plan­ta de Punta Catalina, el presidente Luis Abina­der anunció al país en un breve discurso la solici­tud para que el Senado postergue el conocimien­to de este y la remisión del mismo para su discu­sión al Consejo Económi­co y Social (CES).

El presidente anun­ció en su comparecen­cia que ya ha concluido la auditoría técnica a la planta, que una empre­sa extranjera hará una auditoría financiera y que solicitará a la Cá­mara de Cuentas una experticia similar. Al hacerlo al calor de los cuestionamientos al fi­deicomiso, uno no pue­de evitar pensar que se trata de una reacción al rol activo de los pe­ledeistas en las críticas a esa iniciativa, cuando todos esperábamos que la mentada auditoría se solicitara desde el inicio mismo del gobierno.

A juzgar por las opi­niones de los exper­tos en el tema lo pro­cedente era retirar el proyecto en virtud de que con relación a los contratos, el Congre­so solo puede aprobar o rechazar el mismo y no está facultado para modificarlos.

En su artículo del lu­nes en el Listín, titulado Fideigobierno y normas privadas, el expresiden­te Leonel Fernandez enumera los fideicomi­sos que ha planteado la actual administración, que van desde un par­queo para la Zona Co­lonial, uno para el de­sarrollo del gas natural vehicular, para limpiar las malezas del río Oza­ma, para la construc­ción de 10 rellenos sani­tarios, para administrar los vertederos de los po­los turísticos y hasta pa­ra la exportación de ti­lapias.

El periodista puerto­plateño Leonardo Me­drano dio a conocer que la anunciada inversión de 15 millones de dóla­res en el Teleférico de Puerto Plata se haría también con un fideico­miso.

En suma, fideicomi­sos “por un tubo y siete llaves”, lo que hace aún más necesario que la dis­cusión que se convoca en el CES, de espacio a un diálogo constructivo, en el que se aborden todos los aspectos que preocu­pan a la sociedad y ga­rantizar la idoneidad de estas iniciativas.

Si saludable es reco­nocer la buena disposi­ción del presidente de dar este frenazo a una iniciativa que parecía ir, “como caña para el ingenio”, más todavía es destacar que la so­ciedad dominicana es­tá atenta a sus carto­nes y que ahora, más que nunca, es poco probable que se con­viertan en realidad ini­ciativas con aspectos cuestionables, en vir­tud del impacto de la opinión pública. por muy ruidosa que sea la discusión y por mucho que choquen los sazo­nes, de los diferentes puntos de vista.

Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que las sucesivas admi­nistraciones que va te­niendo el país, van im­poniendo sus propios paradigmas en la gestión pública, quitar al Esta­do la carga de las empre­sas públicas, la estatiza­ción de las distribuidoras eléctricas, la solución a los graves problemas del tránsito y la movilidad de la población, la aten­ción a las necesidades de las comunidades con las visitas sorpresa y ahora los fideicomisos, para­digmas de la gestión pú­blica de cada nuevo go­bierno.

Difuminadas las ideo­logías, las diferencias en­tre los partidos son esos matices en la administra­ción pública, lo impor­tante es que el país siga avanzando como lo vie­ne haciendo en los últi­mos 56 años, a pesar de los pesares.

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