Colaboración – Hacia una minería responsable

Por voluntad divina o por azar geológico, esta media isla posee riquezas minerales que quizás no se corresponden con su dimensión insular. Desde nuestros inicios coloniales hasta la explotación industrial capitalista, la minería ha estado presente en nuestra historia y en nuestras estadísticas económicas, y en los últimos años ha sido un sostén fundamental de las finanzas públicas.

Sin embargo, estos aportes no han sido debidamente ponderados por el Estado, quien históricamente solo ha optado por cobrar los beneficios que le corresponden, sin retribuir a las comunidades impactadas por estas actividades; sin fortalecer su capacidad de regulación, supervisión y de control ambiental; sin acompañar en su rol vigilante -activo y preventivo- a las empresas mineras, no solo para garantizar que estas cumplan con la ley y sus obligaciones, sino también para que puedan realizar sus operaciones sin interrupciones.

La minería es una industria que exige planificación, grandes capitales e inversiones; que demanda competencias técnicas especializadas altamente móviles, y recursos e insumos que toma tiempo construir. Seremos un destino minero confiable en la medida que el Estado asuma el desafío de construir y mantener una agenda minera a largo plazo, definida y consensuada con todos los actores. Y es que la indefinición ha sido la política del Estado dominicano en lo que respecta a la minería, tanto frente a la metálica industrializada -esa que requiere recursos, estabilidad y certidumbre-, como la minería no metálica, esa que impacta de manera cotidiana, generalizada y permanente en todo el territorio.

Hoy día la ciudadanía ha tomado conciencia en torno a la necesidad de explotación de los recursos mineros y la preservación del medio ambiente, y la Academia de Ciencias, las universidades y ONGs han jugado un rol fundamental en ese proceso; las comunidades están más empoderadas, informadas y vigilantes, y las empresas mineras han tomado medidas y correctas para prevenir y remediar los impactos derivados de sus operaciones y actúan de manera responsable, pero el Estado sigue sumido en una irresponsable apatía.

Y es que, a juzgar por los hechos -o mejor dicho, por lo no hecho-, es de rigor preguntarse si alguien en el Ministerio de Energía y Minas se habrá leído el Programa del Gobierno del Cambio, el cual diagnostica, evalúa y pondera al sector, menciona sus desafíos y enumera con precisión y rigor un conjunto de acciones para fortalecer y desarrollar la actividad minera en el país, en condiciones de sostenibilidad ambiental y transparencia. Al parecer no… .