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Nacionales

Valle Nuevo y el pecado original

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Federico A. Jovine Rijo

Desde el punto de vista del derecho, son legítimos los reclamos de los titulares de derechos de propiedad de terrenos que se encuentran dentro del Parque Nacional de Valle Nuevo, y ello se debe a que una gran parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) se encuentra viciado en su origen, por un pecado cometido por el propio Estado, que viene arrastrándose desde hace décadas, y continuará lastrando la eficacia de la protección de las zonas protegidas.

En los últimos 50 años, la Constitución dominicana ha mantenido de manera invariable la disposición de que “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley.” No obstante, el proceso de creación de áreas protegidas que se dio al amparo de decretos presidenciales, obviaba en algunos casos, de manera olímpica, el procedimiento constitucional, y, sobre la base de la utilidad pública, la propiedad privada fue expropiada sin el previo pago a los propietarios. 

Ya sea por pura vocación autoritaria, incapacidad financiera del Estado, sectarismos políticos, etc., desde 1966 el gobierno creó áreas protegidas sin haber resarcido a la totalidad de sus propietarios. Es esta omisión estructural e histórica del Estado la que nos lleva a la encrucijada de Valle Nuevo, y de decenas de áreas protegidas, en las que el interés común -que debe ser protegido a toda costa y primar sobre cualquier otro- colide con los legítimos derechos de quienes han sido desprovistos de sus propiedades, sin ser resarcidos.

El desafío para garantizar la sostenibilidad del SINAP y blindarlo de cualquier cuestionamiento, implica proveer más recursos al ministerio de Medio Ambiente, pero también pasa por el pago de todos estos derechos de propiedad conculcados, de ahí que adquiera especial relevancia el pago indemnizatorio a ex parceleros de la zona hecho por el presidente Luis Abinader, el pasado 15 de julio, una acción que apuntala la sostenibilidad territorial del parque, y, sobre todo, algo justo y correcto.

Y es que Valle Nuevo no es poca cosa, es mucho; en realidad, es demasiado. Es un tema que trasciende la política partidaria, los intereses económicos o las luchas de clases, porque más allá de ciencia, hablamos de la sostenibilidad hídrica de una gran parte del país.  

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