Que el 58.6 % de la población carcelaria del país guarde prisión preventiva –como publicó la semana pasada este diario- es una tragedia humana que retrata de cuerpo entero como anda el tejido organizativo de la justicia del país y delata la incuria e indiferencia de la nación.
Es una inquietante realidad que evidencia el grado de abuso que se cometen en el país contra los más pobres. Contra aquellos que no tienen quien los defienda.
Es también una demostración del grado de insensibilidad al que hemos llegado. Pues los pesares de los demás no asombran ni lastiman a nadie.
(Eso explica porqué cuando alguien se accidenta, en vez de ser socorrido, es saqueado a veces en medio de su agonía).
Estos hechos se dan repetidamente en la sociedad, en la cara de todo el mundo, y nadie hace nada por solucionarlos.
La vieja máxima de que “el preso no es gente” sigue presente en el ordenamiento jurídico y en la mente de las autoridades.
Los reos se pudren en la cárcel por falta de una defensa oportuna o del apoyo de algún familiar que mueva el expediente y agilice su caso.
Presumo que con un poco de voluntad, de trabajo y de iniciativa de jueces y demás autoridades, se podrían buscar mecanismos que descongestionen las cárceles y hagan más llevadera la pena de los condenados y se disminuya el hacinamiento.
No hace mucho la prensa descubrió el caso de una persona que estuvo presa por años y no sabía porqué lo estuvo. Ni siquiera existía registro de su existencia en esa población carcelaria. Bastó un “tránquenlo”policial para que se quedara por todo ese tiempo encerrado.
Mientras persistan estos casos en las cárceles del país, nadie podrá hablar de avance en la justicia, ni podrá hablar de paz, “ni será sagrado el ocio”.