Con el arresto y casi seguro proceso de extradición a los Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de corrupción y contubernio con el narcotráfico, queda claro que ningún jefe de Estado puede ser intocable.
En justicia no puede haber distinciones a la hora de dictar sentencias contra todo aquel que viole la ley, no importa si se trata de un presidente de la República, ejemplo de lo cual se pueden enumerar varios en América Latina.
El problema es que en democracias subordinadas a las manipulaciones de las élites políticas que influyen en los congresos y las cortes, la justicia suele chocar con barreras que les impiden tocar a un expresidente o a un presidente en ejercicio que ha cometido falta grave.
Algunos, talvez presintiendo que una justicia independiente y decidida los podría llamar a capítulo, se abrigan en esos escudos de impunidad e indulgencias para eludir cualquier sanción, penalidad o el encarcelamiento y la extradición.
Pero ahora luce que los Estados Unidos, que ha hecho de su política anticorrupción una prioridad para poder sostener relaciones con gobiernos o mandatarios no manchados por este tipo de desafueros, actúa sin paños tibios frente al exgobernante hondureño.
Y qué bien que sea así, porque de ese modo manda un mensaje claro a los presidentes y líderes de un país de que no pueden abusar del poder, corromperse ni mucho menos permitir a sus colaboradores que también se corrompan, tolerando los irrespetos a las leyes.
