En la alocución dirigida al país el pasado domingo, el presidente Luis Abinader tomó control del relato para reencauzar el debate suscitado en torno al contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC). Más allá de la aprobación ciudadana a las palabras del presidente, sus afirmaciones de que CTPC no sería privatizada, y que se discutiría en el Consejo Económico y Social (CES) la modalidad óptima para preservar y gestionar ese activo estatal, queda la interrogante de si lejos de ser un golpe de timón, estamos frente a un patrón de comportamiento ante casos de crisis.
Hay precedentes: cuando se habló de la posibilidad de un ajuste fiscal, evitado gracias los adelantos de pagos de la empresa Barrick Gold (octubre 2020); la negativa a último minuto de impulsar una reforma fiscal y la posición oficial ante el revuelo causado por las declaraciones del director de presupuesto en torno a la venta de EGEHID (octubre 2021), etc., por lo que parecería que más que reactivas, constituyen un libreto en materia de comunicación: incubar las causas, detonar la crisis, agrandar la bola de nieve mediática y luego, desactivarla con una intervención de alto nivel. De ser así, el problema de esta estrategia es, en términos generales, la devaluación de la figura presidencial, en tanto encarnación simbólica del poder y la estabilidad: a corto plazo el presidente resuelve un problema, pero a largo plazo se erosiona y se debilita, y esa estrategia de exponerlo en ese rol, es una apuesta al desgaste arriesgada.
Independientemente de los cuestionamientos jurídicos y técnicos hechos al contrato, y de la idoneidad o no del CES como instancia para su conocimiento, saludamos la decisión del presidente de escuchar las opiniones de la sociedad al momento de decidir el futuro de un importante activo estatal, pues reafirma su apertura y sentido de transparencia; ahora bien, estas soluciones pueden (y deben) darse antes de que los problemas se conviertan en tales, y aquí la comunicación estratégica juega un rol fundamental.
En una sociedad democrática, con herramientas y tecnologías de comunicación masificadas, disponibles y de bajo costo, el control social y mediático constituye una ilusión, razón por la cual se debe apostar más a la verdad, a una comunicación activa, preventiva, multinivel y honesta que, basada en la transparencia, cumpla con el rol de contribuir a que la ciudadanía -debida y previamente informada-, pueda no solo cuestionar, sino también empoderarse y vincularse con las estrategias y planes del gobierno.
Ese es el desafío.