Una de las características propias de una democracia participativa es la capacidad de diálogo entre los actores de la vida nacional. Se trata del encuentro de las fuerzas vivas de la Nación, término con el que comúnmente se ha hecho referencia a los partidos políticos, los gremios, los empresarios, comerciantes, universidades, estudiantes, profesionales, religiosos y demás partes interesadas sobre la vida pública.
Nuestro país ha tenido una trayectoria ascendente en la institucionalización del diálogo como herramienta para fortalecer la democracia y formular mejoras para la sociedad. Antes, la participación o no de ciertos actores en un proceso de diálogo generaba graves tensiones en la sociedad, incluso impactando la economía y la tranquilidad misma de los ciudadanos. Hoy en día podemos afirmar que se ha alcanzado una madurez propia de sociedades más desarrolladas, lo que constituye un punto esperanzador para el futuro del país.
Cuando observamos el devenir de otras grandes naciones del mundo, observamos que todas tienen en común su capacidad de llegar a acuerdos sobre los planes nacionales, más allá de posturas ideológicas e intereses partidarios. Por encima de todo se encontraba el deseo de que existiese un Plan Nacional con el que todos los actores de la sociedad se pudieran comprometer.
Si observamos la historia reciente de la República Dominicana, en cada década de los últimos 30 años se han configurado las condiciones necesarias para un diálogo productivo y provechoso. Primero, casi al final de los 90, durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se convocó el Diálogo Nacional con el propósito de que el país se preparara para el nuevo milenio, que traería consigo problemas complejos que requerían unir voluntades para que el país pudiera salir airoso.
Luego vendría el proceso del 2009, con la Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial, que resultó de la necesidad de enfrentar la grave crisis económica y financiera generada por los efectos de la economía de casino, que resultaron en un panorama económico internacional que requirió un plan de nación construido en base al concurso de todos los sectores para sobreponerse a la crisis.
Finalmente, nos queda resaltar el proceso para concebir la Estrategia Nacional de Desarrollo y los diálogos generados para el Pacto por la Educación, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. Pero de la década pasada, el paso más importante para fortalecer nuestra capacidad de dialogar fue la promulgación de la Ley núm. 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social como órgano a cargo de hacer realidad la concertación social como instrumento para la construcción y el fortalecimiento de la paz, tal y como lo establece el artículo 251 de la Constitución dominicana.
Nuestra capacidad de dialogar se fortalece en la medida en la que el liderazgo nacional la ejerce. Dialogar siempre es positivo, pero el éxito de cualquier proceso participativo de toma de decisiones es que los resultados generen satisfacción y orgullo entre todos los participantes. Confiamos en que será así.
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