CONSIDERANDO que el régimen cubano mantiene en prisión a dos periodistas independientes, un youtuber y un ciudadano que filmó una protesta.
CONSIDERANDO que la represión a las protestas pacíficas del 11 de julio por parte de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas dejó un saldo de más 300 nuevos presos políticos.
CONSIDERANDO que a muchos periodistas independientes se le aplicó régimen de reclusión domiciliaria por periodos de meses, con o sin pretexto judicial, y que tres de ellos permanecen bajo ese régimen.
CONSIDERANDO que el gobierno sigue sin reconocer a los medios de prensa y periodistas independientes, tratando de asfixiarlos policial y económicamente y obligarlos a variar su línea editorial y a que sus reporteros emigren.
CONSIDERANDO que el Ministerio de las Comunicaciones y ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.), son los organismos que efectúan bloqueos de sitios web independientes y producen cortes totales o parciales de los servicios de Internet y telefonía a todo el país o a determinados periodistas independientes.
CONSIDERANDO que el Partido Comunista, a través de sus medios de prensa, articula las campañas de difamación contra medios y periodistas independientes y que el Ministerio de Justicia avala las violaciones de derechos humanos, además de condenar a periodistas, youtubers y usuarios de Facebook.
CONSIDERANDO que la Constitución de la República de Cuba, el Código Penal, la Ley 88 y los decretos-leyes 370 y 35, son usados para frenar las libertades de prensa, información y expresión.
CONSIDERANDO que el gobierno ha comenzado a hostigar e intimidar a quienes están convocando una nueva marcha de protesta para el 15 de noviembre.
CONSIDERANDO que el régimen viola todos los preceptos establecidos en la Declaración de Chapultepec y de Salta desde hace más de 60 años.
LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Condenar el encarcelamiento y solicitar al gobierno de Cuba la inmediata liberación de los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta.
Exigir al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso.
Demandar la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión.
Alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ya desató contra los organizadores de una protesta social convocada para el 15 de noviembre.