El Poder Ejecutivo busca eximir del pago del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) en la venta de vuelos completos por parte de operadoras dominicanas a empresas en el exterior, para vuelos originados en el extranjero con destino hacia la República.

Así lo propone en una de las cuatro iniciativas legislativas que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo depositó anteayer en el Senado, específicamente en la referente al Anteproyecto de Ley Número para Fomento y Competitividad de la Aviación Civil Nacional. 

Con dicho anteproyecto, el Ejecutivo persigue una disminución de los precios de los pasajes aéreos, aumentar el número de visitantes, establecer nuevas rutas domésticas e internacionales, fortalecer a República Dominicana como punto de conexión y promover la competitividad de la industria aérea nacional a través de incentivos fiscales. 

Esta propuesta de ley había sido demandada por la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), que exige la existencia de una ley de fomento local antes de la firma de un acuerdo de cielos abiertos que el Gobierno dominicano negocia con el estadounidense, para que exista una justa competencia a nivel de regímenes impositivos.

La ADLA no había opinado sobre el anteproyecto al cierre de esta edición.

Exenciones de aranceles, selectivos y a los activos

En el anteproyecto de ley el Poder Ejecutivo propone:

• Exención del pago del ITBIS en la venta de vuelos completos por parte de empresas operadoras dominicanas a empresas en el exterior (fletamento), siempre y cuando se trate de vuelos originados en el extranjero con destino a República Dominicana.
• Exención del pago de los impuestos selectivos al consumo, si lo hubiere, y del ITBIS, sobre los lubricantes, repuestos, piezas y motores de aviación que sean importados por operadores aéreos nacionales y extranjeros, para el uso exclusivo de sus aeronaves.
• Exención del pago del impuesto sobre los activos durante máximo cinco ejercicios fiscales, declarados en la Administración Tributaria.
• Exención del pago de arancel y del ITBIS sobre la importación de naves y aeronaves de un peso específico.
• Retención de solo el 5 % del impuesto por concepto de pagos al exterior por entrenamientos y capacitaciones al personal de tripulación por parte de no residentes; uso y mantenimiento de programas informáticos y software relacionados a la operación de la aeronave y por el seguro de la aeronave.
• Exención total de la retención del impuesto por concepto de pagos de rentas al exterior por arrendamiento de aeronaves o motores de aeronaves y los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves; las partes del motor y otras piezas de aeronaves.

Las aerolíneas que pueden beneficiarse

La ADLA la integran 14 aerolíneas, de las que cinco vuelan de manera regular a distintos destinos: Arajet, Air Century, Sky High, Sky Cana y Helidosa.

El anteproyecto de ley establece que la empresa operadora nacional dedicada al transporte aéreo comercial internacional, que desee recibir los incentivos, deberá realizar una solicitud dirigida a la Junta de Aviación Civil, acompañada de un plan de negocio.

Además, presentar ante el Ministerio de Hacienda un estudio de factibilidad que permita establecer la relación de los beneficios económicos que aportará la inversión y el gasto tributario (monto de ingresos fiscales que el Estado dejará de percibir) que generará.

Entonces, Hacienda elaborará un análisis costo beneficio de los incentivos que se otorgarán que servirá de base para emitir su No Objeción u observaciones.

Para 2023, el fisco dominicano dejará de percibir más de 310,120.7 millones de pesos por el tratamiento impositivo preferencial a sectores, actividades y contribuyentes, según las estimaciones realizadas en el proyecto de presupuesto nacional de ese año, un monto mayor que el reestimado para 2022. 

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Ernesto Marte Piantini, se reunió con representantes de las líneas áreas que operan en el país, a fin de dar seguimiento a la implementación de la Resolución 217-2022 que les ordena el cese del cobro de 10 dólares por concepto de Tarjeta de Turismo a los pasajeros dominicanos, así como a los extranjeros residentes en el país.

En la reunión llevada a cabo ayer participaron las asociaciones Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), de Líneas Aéreas de la República Dominicana e Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), American Airlines, JetBlue Airways, Copa Airlines, Delta, Air Caraibes, Iberia, Air Century, Arajet, Red Air y Sky High Aviation Services, entre otras empresas de transporte.

De acuerdo a una nota de prensa, Marte Piantini reiteró a los presentes que los dominicanos residentes en el exterior no pueden ser objeto de este gravamen y que, por el contrario, desde el gobierno se procuran más facilidades para que los dominicanos no residentes en el país se sientan motivados a viajar con mayor frecuencia al territorio dominicano.

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En el encuentro se creó una comisión técnica para dar seguimiento a la implementación de la resolución, con el apoyo de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la información y Comunicación (Ogtic).

Antecedentes de la tarjeta de turista

La Ley 199, del 9 de mayo de 1966, autoriza el uso de una tarjeta de turismo para ingresar al territorio nacional con fines turísticos, sin necesidad de visa consular. El decreto 430-17 del 4 de diciembre de 2017, dispuso que este pago de 10 dólares se incorpore al precio de los boletos aéreos y marítimos para aquellos turistas que arriben a la República Dominicana por estas vías.

A raíz de la creación de este mecanismo de cobro generalizado, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante la Norma General 08-2018 del 3 de abril de 2018, estableció el procedimiento a través del cual se efectuaría el reembolso del valor pagado por concepto de tarjeta de turismo en los casos siguientes: los dominicanos, los residentes en República Dominicana y los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el país, mientras duren sus funciones y que ingresen en misión oficial.

Sin embargo, en la práctica, este mecanismo ha resultado ineficiente y burocratizado, con unos procedimientos poco amigables ante la DGII, que no facilitan ni garantizan la recuperación del monto.

La Resolución 217-2022 instruye a los operadores aéreos nacionales y extranjeros a realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas informáticos con el fin de que sea eliminado el referido cargo y, además, les otorga un plazo de 45 días para la implementación de la medida.