Los cinco diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de activos

En tan solo un año ya suman cinco los diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de activos en la lucha que tiene el Ministerio Público contra estos delitos.

Miguel Gutiérrez Díaz

El pasado 17 de mayo, fue arrestado en Miami por su presunta participación en “asuntos de tráfico internacional de drogas”, el diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz.

El legislador, de 58 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 17 de mayo a su llegada en un vuelo desde República Dominicana y cuatro días más tarde fue acusado formalmente.

Según la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo pasado, desde aproximadamente 2014 hasta 2017, el congresista Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

El legislador Gutiérrez Díaz fue el diputado más votado en Santiago y el quinto a nivel nacional en las elecciones congresionales de julio de 2020.

Según los resultados de la Junta Central Electoral (JCE), Miguel Gutiérrez Díaz obtuvo 21,177 votos y fue el más votado de Santiago.

Rosa Amalia Pilarte

La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio (Miky López), también ha sido involucrada por el Ministerio Público en la supuesta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Sin embargo, no fue incluida en esa acusación, debido a que le corresponde una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia.

El pasado 6 de julio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, designó a Napoleón Ricardo Estévez Lavandier para ser juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la diputada Rosa Amalia Pilarte López.

Mediante el auto 9-2021, de fecha 6 de julio de 2021, el presidente de la SCJ designó a Estévez Lavandier en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley 25-91 Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, la cual dice que es competencia del presidente de la Suprema cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución.

Nelson Marmolejos Gil

El Ministerio Público desmanteló una red de narcotráfico hace varios días bajo la Operación Falcón.

Según el expediente del Ministerio Público, el cabecilla de la red de narcotráfico perseguida por la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea Polanco, financió la campaña completa del diputado Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago.

“En fecha del 5 de julio de 2020 Erick Randhiel Mosquea Polanco (Loco, Chiquito y/o el Hombre) se comunica con Nelson Marmolejos Gil (diputado PRM) para conversar sobre el resultado de las elecciones, ya que Erick Randhiel Mosquea Polanco financió esa campaña completa”, cita el documento.

Pirrín

En el expediente para la solicitud de la medida de coerción y la declaratoria de complejidad del caso Falcón, el Ministerio Público revela que una persona identificada como Pirrín (apodo usado por el diputado Héctor Feliz Feliz) recibió un millón de pesos del lugarteniente de la red de narcotráfico, Juan José de la Cruz Morales.

Reynoso había declarado sobre Feliz Feliz que este trató de transportar a un extraditable del caso Operación Falcón con lo que pretendía impedir que fuera arrestado. Esa versión fue negada por el legislador, quien aseguró que este lunes se presentará a la Procuraduría General.

Feliz Feliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados, no fue arrestado porque tiene inmunidad parlamentaria, declaró la procuradora.

La semana pasada, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Junior Santos, informó que la organización partidaria a la que pertenece se encuentra en un proceso de evaluación sobre los acontecimientos por los que está siendo investigado el diputado por presuntamente haber intentado ayudar a una persona que el Ministerio Público apresó durante la ejecución de la Operación Falcón este miércoles.

Faustina Guerrero Cabrera

En el caso de la diputada del PRM Faustina Guerrero Cabera, esposa de Juan Maldonado Castro, aunque no ha sido mencionada en el caso heredó la curul de su marido, a quien las autoridades han relacionado con el caso Falcón.

Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, arrestado este miércoles en la operación Falcón, fue diputado del Congreso Nacional por cuatro períodos consecutivos, representando a la provincia El Seibo.

El 4 de marzo de 2020, a cuatro meses de las elecciones, fue realizado un acto en el que el en ese entonces diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Juan Maldonado Castro, fue juramentado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Responsabilidad de los partidos políticos

El abogado y excoordinador de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, consideró que en la penetración del narcotráfico y lavado de activos en las campañas existe una responsabilidad de los partidos políticos.

“Aquí están las evidencias de lo que Participación Ciudadana ha estado denunciado varios procesos electorales atrás; hay una responsabilidad de los partidos políticos que va más allá de publicar un espacio pagado como lo ha hecho el PRM ahora”, indicó.

Sostuvo que el caso Falcón convoca a todos los actores del sistema electoral a una profunda reflexión en cuando a la filtración del dinero del narcotráfico en los procesos electorales.

“Los partidos tienen la responsabilidad de hacer su propia investigación interna para ver de dónde proviene el dinero que usaron sus candidatos en la pasada campaña electoral, inclusive someterlos a la jurisdicción disciplinaria del partido antes de que el proceso penal siga desarrollándose y hasta de expulsarlos del partido si tienen evidencias”, manifestó Álvarez en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.

Inmunidad parlamentaria

La Cámara de Diputados explica en su Manual de Procedimientos Legislativos publicado en 2017 que la inmunidad parlamentaria es el conjunto de prerrogativas que tienen los legisladores, y cuya finalidad es proteger el ejercicio de las funciones de legislar y fiscalizar en representación del pueblo.

Indica que la Constitución distingue tres tipos: 1) La inmunidad por opinión; 2) La protección de la función legislativa; y, 3) El privilegio jurisdiccional.

La protección de la función legislativa es contemplada en el artículo 86 de la Constitución.

“Artículo 86. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”, indica.

Al respecto, el abogado constitucionalista Cándido Simón explicó en qué consiste la inmunidad parlamentaria y el proceso para juzgar a un legislador en un reportaje publicado por Diario Libre el pasado 16 de junio.

“La inmunidad no implica impunidad, consiste en que no se puede apresar a un legislador en ocasión de la legislatura, que no lo pueden apresar, pero sí lo pueden procesar”, sostuvo. Solo puede ser arrestado en el momento del crimen.

Explicó que la inmunidad parlamentaria es una facultad de la función, no del funcionario.

“Para procesar a un legislador no hay que quitarle la inmunidad parlamentaria, pueden procesarlo, lo que no pueden es arrestarlo, aunque lo condenen”, sostuvo.

El Manual de Procedimientos Legislativos indica que el numeral 1) del artículo 154 de la Constitución establece que las causas penales seguidas a los senadores y diputados deben ser conocidas, en única instancia, exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia.